Se trata de un
procedimiento lento, demasiado jurídico, complejo, procesalista y caro; no existe tampoco un marco específico para las pymes y micropymes, que conforman la mayoría del tejido empresarial; faltan medios humanos y materiales en los juzgados; y en muchos casos, los
empresarios deciden ir al concurso tarde, por el estigma social,cuando la situación del negocio ya se encuentra muy deteriorada.El resultado es que
más de 94 % de los concursos de acreedores en España terminan en liquidación. Estas son algunas de las debilidades que se constatan en el Atlas Concursal 2018, que se presentó ayer en Santiago, y que ha elaborado por el Registro de Economistas Forenses (Refor), un órgano especializado del Consejo General de Economistas de España. Su presidente, Valentín Pich, y el responsable del Consello Galego de Colexios de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín, fueron los encargados de dibujar un panorama que muestra que el número de concursos se estabiliza, aunque siguen estancadas las vía alternativas para la resolución de situaciones de insolvencia.Según los datos hechos públicos ayer,
la mayoría de los procesos que tienen lugar en Galicia son de micropymes, de las que entre un 40 y un 45 % tienen apenas un solo empleado. Con 225 en el 2017, esta comunidad ocupa la sexta posición de entre las autonomías con más concurso. La cifra representa una caída del 15 % respecto al año anterior, pero todavía por encima de la media española.
«Es necesario normalizar la figura de una empresa en concurso, pues todavía es una cuestión que hay que esconder, que está demonizada», subrayó Valentín Pich.
El Atlas Concursal 2018 ofrece un dato demoledor a este respecto: pese a haberse multiplicado por seis el número de concursos de personas físicas en España entre el 2015 y el 2017, con 1.036 el pasado año, el dato es comparativamente muy bajo en relación a Europa. En el Reino Unido o Alemania superan los 100.000 anuales, y en Francia están por encima de los 40.000. En lo que se refiere a los concursos de empresas, en España están en unos 4.000 anuales, cuando Portugal, con mucho menos PIB, supera los 6.000, o Italia los 13.000.
Los economistas forenses recomiendan que en la próxima reforma concursal se establezcan diferencias entre autónomos, micropymes, pymes y grandes empresas, por las peculiaridades y características que existen entre las distintas modalidades.
Recuerdan, además, que el nuevo borrador de la directiva europea sobre insolvencia, debería incluir referencias a las pequeñas empresas que ahora no recoge.
Artículo escrito por: La Voz de Galicia
