Antón Gasol, decano del Colegio de Economistas de Cataluña, apuntó en este sentido que «la prevención es la mejor medicina para este tipo de actividades». Gasol señaló que «la filosofía del concurso de acreedores debe ir en la línea de dar una segunda oportunidad a los afectados por las deudas, siempre que la situación haya sido fortuita». Por ello, coincidió con Pich en la necesidad de que las empresas declaren el concurso con la mayor antelación posible para intentar salvar a la compañía.
Por su parte, Alfred Albiol repasó las cifras más significativas de la actividad concursal en España. «Cada vez más ciudadanos se acogen a la segunda oportunidad para salir de la insolvencia», señaló. Albiol explicó que en 2017 se presentaron 747 concursos de acreedores de personas jurídicas en Cataluña, lo que equivale a una de cada 800 empresas existentes en Cataluña. «En cuanto a concursos de personas físicas, en Cataluña hubo 584 concursos de estas características en 2017, con un crecimiento frente al año 2016 del 89%», añadió.
Por otra parte, el presidente del CGE apostó por cambios en la normativa concursal española y por aplicar una armonización a nivel europeo. Sin embargo, apuntó a las dificultades que presenta la situación política para acometer las reformas. «Soy bastante pesimista dada la inestabilidad institucional que hay y nada indica que vaya a cambiar en los próximos tiempos», lamentó Pich. El presidente de los Economistas puso en valor la figura del administrador concursal. «Tiene un papel fundamental y la normativa pone en valor suficiente su figura», apostilló.
La figura del administrador
Precisamente, durante la primera mesa de la jornada de ayer, Alberto Mata, magistrado juez del Juzgado de lo Mercantil 2 de Barcelona, explicó los peligros a los que se enfrentan los administradores concursales por su trabajo. Mata explicó las implicaciones del artículo 176 Bis de la Ley Concursal, que se invoca cuando la masa activa no es suficiente para pagar todos los créditos.
«Lo mejor que puede hacer el administrador es invocarlo aunque no lo tenga claro.Es una de las claves para blindarse frente a una posible impugnación durante la rendición de cuentas al final del procedimiento», señaló el jurista. El magistrado juez subrayó que no cree que «deba exigirse al administrador concursa que devuelva cantidades cuando los pagos no obedecen a ningún fraude, sino que lo que hay son discrepancias sobre el orden o la calificación de un crédito».
Artículo escrito por: elEconomista.es